Ocho años después del trágico rompimiento de la barragem de Fundão, en el municipio de Mariana, en Brasil, la justicia federal ha acatado los pedidos del Ministerio Público Federal (MPF) y del Ministerio Público (MP) en una acción civil pública. Esta decisión representa un gran avance en la lucha por la reparación de los daños causados por uno de los mayores desastres ambientales en la historia de Brasil.
El 5 de noviembre de 2015, la ruptura de la barragem de Fundão liberó más de 60 millones de metros cúbicos de residuos minerales en el río Doce, afectando a cientos de comunidades y dejando un saldo de 19 personas fallecidas. Desde entonces, el MPF y el MP han estado trabajando incansablemente para garantizar que las empresas responsables sean responsabilizadas y que se cumplan las medidas de reparación y compensación necesarias.
En esta acción civil pública, el MPF y el MP solicitaron que las empresas Samarco, Vale y BHP Billiton, responsables del desastre, sean obligadas a pagar una indemnización de 155 mil millones de reales (aproximadamente 29 mil millones de dólares) por los daños causados. Además, se pidió que se establecieran planes de reparación y compensación para las comunidades afectadas y se implementaran medidas de prevención para evitar futuros desastres.
La decisión del juez federal, que acata todos los pedidos del MPF y del MP, es un gran paso hacia la justicia y la reparación de los daños causados por la tragedia. La indemnización solicitada es la mayor en la historia de Brasil y será utilizada para reparar los daños ambientales, sociales y económicos causados por el rompimiento de la barragem.
Además, el juez ordenó la creación de un comité interinstitucional para supervisar la implementación de las medidas de reparación y compensación. Este comité estará compuesto por representantes del MPF, del MP, de las empresas responsables y de las comunidades afectadas, lo que garantizará una participación activa de todas las partes involucradas en el proceso de reparación.
La decisión del juez también establece que las empresas deben presentar un plan de reparación en un plazo de 90 días y que deben comenzar a implementar medidas de prevención en un plazo de 45 días. Esto demuestra la urgencia y la seriedad con la que se está tratando este asunto y garantiza que no se demore más la reparación de los daños causados por la tragedia.
El MPF y el MP han estado luchando durante ocho largos años para que se haga justicia y se reparen los daños causados por el rompimiento de la barragem de Fundão. Esta decisión de la justicia federal es una prueba de que su lucha no ha sido en vano y de que finalmente se está avanzando hacia la reparación de los daños causados.
Es importante destacar que esta decisión no solo es un logro para el MPF y el MP, sino también para todas las comunidades afectadas y para el medio ambiente. La tragedia de Mariana fue un recordatorio doloroso de la importancia de la responsabilidad ambiental y de la necesidad de que las empresas sean responsabilizadas por sus acciones.
Esperamos que esta decisión siente un precedente para futuros desastres ambientales y que las empresas entiendan que deben cumplir con todas las medidas de seguridad y responsabilidad ambiental para evitar tragedias como la de Mariana.
En conclusión, la decisión de la justicia federal de acatar los pedidos del MPF y del MP en la acción civil pública es un gran paso hacia la reparación de los daños causados por el rompimiento de la barragem de Fundão. Esperamos que esta decisión sea el comienzo de un proceso justo y transparente de reparación y
